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A propósito del panorama actual de seguridad en la ciudad, la concejal Clara Lucía Sandoval lideró un debate de control político en el Concejo de Bogotá, en el cual denunció “el impacto que la política de “paz total” del Gobierno Nacional ha tenido sobre la seguridad en la capital".
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En palabras de Sandoval, esta estrategia ha debilitado la capacidad del Estado para enfrentar a los grupos criminales, permitiendo su expansión y aumentando el miedo y la percepción de inseguridad en las calles.
En ese sentido, señala que una de las circunstancias que más preocupa es la reducción del presupuesto de inversión para la Policía Nacional, que pasó de $483 mil millones en 2022 a $238 mil millones en 2025, lo que representa una disminución del 103%.
“Esta desfinanciación ha dejado a la Policía Metropolitana de Bogotá sin recursos suficientes, sin equipos y con un pie de fuerza insuficiente. Hoy, Bogotá cuenta con solo 15.900 policías, cuando debería tener más de 23.800. Es decir, la ciudad opera al 67% de su capacidad en materia de seguridad”, asegura la cabildante.
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De la misma manera, alertó sobre la reducción de policías por habitante, pues en 2014 había 280 por cada 100.000 ciudadanos, y hoy solo 201, lejos del mínimo de 300, lo cual es recomendado por la ONU.
Así las cosas, una de las consecuencias, tiene que ver con el aumento del tráfico de armas en Bogotá, un problema de años que sigue son solución y que facilita crímenes que van desde el atraco callejero hasta atentados como el perpetrado contra el senador Miguel Uribe. Se estima que entre 2023 y 2024 las incautaciones crecieron un 17%, aun así, con el aumento de los homicidios que reportó la capital en 2024, salta a la vista que la ofensiva contra el tráfico de armas sigue siendo débil.
Por otro laso, se estima que en Ciudad Bolívar y Kennedy, dos de las localidades con altos índices de violencia, particularmente de homicidios, se concentran el 30% de los casos de incautación de armas.
“Las armas ilegales no nacen en Bogotá. Cruzan el país y llegan ante la total pasividad del Gobierno Nacional. Aquí hay una responsabilidad que no se puede seguir ocultando”, señala Sandoval.
Ante los datos, la concejal insiste en la necesidad de que la ciudad acuda a la cooperación internacional, además de la redirección de recursos distritales, el fortalecimiento de alianzas interinstitucionales, y la promoción de un aporte voluntario del 10% adicional del impuesto predial, con la condición de generar resultados visibles.
Por otro lado, respecto a los índices de extorsión, señala que si bien las estrategias han dado resultados, el delito sigue siendo parte de la cotidianidad, especialmente en los sectores comerciales, de varias localidades de la capital. Entre las particularidades del comportamiento de este delito resaltan:
- En 2024, el 53% de las extorsiones ocurrieron en cinco localidades: Kennedy, Mártires, Suba, Santa Fe y Engativá.
- Si bien la istración reporta disminución en algunas zonas, el delito sigue creciendo en Suba, Usaquén, Tunjuelito y Teusaquillo.
- La estrategia oficial se ha enfocado en “impactar personas”, cuando el fenómeno afecta directamente al comercio.
Entre tanto, la percepción de inseguridad continúa creciendo entre los continuos señalamientos y rifirrafes entre la istración distrital y el Gobierno Nacional por las discrepancias en temas centrales como el aumento de pie de fuerza y problemáticas graves de corte nacional que suman a la inseguridad en la capital como el recrudecimiento del conflicto, el narcotráfico y el contrabando
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Por Redacción Bogotá
