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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó esta semana nuevas medidas para fortalecer la seguridad de los firmantes del Acuerdo Final de Paz.
La decisión se basa en evidencias que muestran un deterioro sostenido en las garantías de seguridad y un aumento preocupante en los casos de estigmatización y asesinatos contra los ex-FARC.
Tras una audiencia pública celebrada el pasado 10 de abril, en la que se hizo seguimiento a las medidas cautelares adoptadas en 2020 para proteger a esta población, la magistratura advirtió que las condiciones de seguridad para los firmantes del Acuerdo siguen siendo precarias.
De acuerdo con el informe La reincorporación desarraigada, elaborado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, se han documentado al menos 602 hechos de grave afectación contra personas en proceso de reincorporación que pertenecieron a las extintas Farc-EP.
Además, de los 456 firmantes del Acuerdo asesinados desde 2016, el 94 % comparecían ante la JEP, y el 12 % estaban vinculados a Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador (TOAR).
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Estos datos evidencian que la reincorporación no solo enfrenta obstáculos materiales, sino también amenazas persistentes contra la vida de quienes han optado por cumplir con el proceso de justicia transicional.
La UIA alertó que seis espacios de reincorporación están actualmente en riesgo de desaparecer si no se adoptan medidas urgentes.
Se trata del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de La Pradera, en Putumayo; las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) de Corinto y Toribío, en Cauca; Puerto Guzmán, también en Putumayo; Pitalito, en Huila, y San Vicente del Caguán, en Caquetá. Muchos de estos territorios están ubicados en zonas de fuerte presencia de grupos armados, lo que aumenta significativamente los riesgos para sus habitantes.
JEP ordena a Ministerio de Defensa a proteger ETCR
Entre las órdenes emitidas por el tribunal de paz está una al Ministerio de Defensa para que fortalezca la presencia preventiva de la fuerza pública en los ETCR y las NAR, con el fin de crear condiciones mínimas de seguridad para la permanencia de los firmantes y la continuidad de sus procesos de reincorporación.
Esta presencia, señala la magistratura, debe ser preventiva, garantista y respetuosa de los derechos humanos.
Según el informe presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en Colombia hay actualmente 23 ETCR en funcionamiento, distribuidos en 13 departamentos y que albergan a 1.705 firmantes de paz, lo que representa el 14,29 % del total de personas en proceso de reincorporación.
Además, existen 19 NAR en las que se ubican más de 3.100 excombatientes, muchos de ellos en regiones de difícil estatal. Estas cifras muestran la magnitud del compromiso que aún debe asumir el Estado colombiano para asegurar que los firmantes puedan reintegrarse a la vida civil sin temer por su seguridad.
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Para la JEP, proteger los derechos fundamentales de los comparecientes no es solo una obligación moral, sino un mandato legal y constitucional.
“Proteger los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP es un compromiso del Estado tanto con quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz para participar activamente en la política, como con las víctimas que sufrieron los vejámenes del conflicto armado”, dijo la JEP en su comunicado.
El tribunal también afirmó que la imposición de las sanciones propias —que están próximas a ejecutarse— y el cumplimiento de los TOAR dependen, en gran medida, de que estas personas puedan desarrollar sus actividades sin riesgo de ser asesinadas, desplazadas o silenciadas.
Además, recordó el Plan Estratégico de Seguridad y Protección que se adoptó en febrero de 2024 y que articula a diversas entidades estatales para implementar medidas coordinadas de protección.
La JEP reconoció los avances de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para superar los rezagos en estudios de riesgo y en la entrega de esquemas materiales de protección, en cumplimiento de órdenes previas emitidas por la jurisdicción .
La campaña para superar la estigmatización
Ante la preocupación por esta crisis de violencia, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, lanzó la semana pasada “Mirémonos de cerca, la estigmatización mata”, una campaña que busca contribuir a la prevención y superación de la estigmatización contra las y los firmantes de paz.
Alejandra Miller, directora de la ARN, señaló que adelantar esta campaña era una deuda con quienes firmaron la paz en 2016, pues la estigmatización es una de las consecuencias más persistentes del conflicto armado y constituye una forma de violencia simbólica que impide que las personas firmantes reconstruyan su proyecto de vida y se integren con dignidad a la sociedad.
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