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Las máquinas, las palas y las manos removieron a paso firme una capa de escombros en las entrañas de Medellín. Durante varios meses se sacaron 41 metros cúbicos de tierra con pedazos de cemento, vidrio, basura y también 23 años de dolor y espera. La tarde del miércoles 18 de diciembre de 2024 un silencio espeso detuvo el tiempo en La Escombrera. Forenses, técnicos y buscadoras lo supieron al instante: habían encontrado los primeros restos humanos tras denuncias y excavaciones frustradas en la que es considerada la fosa común más grande de Latinoamérica.
A los pocos segundos, vino el llanto. No uno cualquiera, un llanto colectivo, contenido por décadas, derramado por la certeza del hallazgo y por el peso de lo que significaba. Era el inicio de una verdad que por fin se asomaba. Según la Corporación Jurídica Libertad en esa zona podría haber más de 400 cuerpos de personas desaparecidas de la Comuna 13, unos 100 de los cuales fueron víctimas de la Operación Orión.
Ese diciembre, dos de esas familias recuperaron a sus seres queridos de uno de los escenarios más sensibles y emblemáticos de la violencia y desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín.
Pero hasta ahora solo una de ellas ha sido partícipe de la entrega digna de su ser querido. La intervención y el hallazgo en esa ladera empinada, que en un primer momento se sintió como una gran victoria ante la inoperancia y negación de las autoridades, además de un alivio para las mujeres buscadoras y organizaciones de víctimas que por años reclamaron la existencia de fosas clandestinas con restos de personas desaparecidas durante las operaciones militares y la violencia paramilitar a principios de los años 2000, fue el punto de quiebre entre dos entidades del Sistema Integral para la Paz: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Lo que inició como un trabajo coordinado bajo medidas cautelares ha derivado en una fractura institucional que ya escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Además, la disputa tiene frenadas dos cosas. La primera es la entrega de uno de esos cuerpos que se encontraron en diciembre: el de una joven de 20 años que fue raptada el 30 de julio de 2002 durante una reunión por hombres del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y nunca más se supo de ella.
El otro hecho que está congelado por esta disputa, y se desconocía hasta ahora, es que el presidente Gustavo Petro tiene la intención de hacer un acto de perdón público para las víctimas de La Escombrera, un evento que, si bien aún no tiene fecha, algunas víctimas no están dispuestas a su realización mientras la JEP esté liderando la búsqueda en esa zona.
Desde 2015, la JEP ha emitido por lo menos tres medidas cautelares sobre espacios de búsqueda en Medellín: el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia, el Jardín Cementerio Universal y La Escombrera.
La familia de la joven, según conoció Colombia+20, decidió apartarse del proceso de entrega tras el manejo de información de los hallazgos que realizó la JEP. Este diario supo que la familia recibió llamadas de medios, visitas de vecinos y mensajes en redes sociales que llegaron justo después de que se difundiera el comunicado con detalles forenses de la víctima.
Los familiares habían dejado claro que no querían ninguna injerencia judicial, que preferían una búsqueda humanitaria sin exposición ni protagonismo. Pero no fue así. El comunicado que se hizo público la identificación de las víctimas y que fue publicado en enero pasado estaba, según la familia, lleno de detalles que podrían llevar a que se reconociera fácilmente quién era la persona hallada. El documento, que en un principio iba a ser firmado por la JEP y la Unidad de Búsqueda, tuvo varias revisiones -la mayoría de ellas pedidas por la UBPD-, pero al no llegar a un consenso, esa entidad no autorizó la firma.
“¿Hubo molestias? Sí, hubo molestias. Eso se trabajó en una mesa técnica, y dijimos, bueno, vamos a revisarlo. Pero lo que se publicó en el comunicado no provocó ninguna amenaza, ninguna. Nadie ha pedido protección ni esquema de seguridad, ni ha habido evaluación de riesgo, ni ha habido desplazamiento en lo absoluto. ¿Que una de las familias tenía una relación de mayor confianza con la unidad de búsqueda? Sí y la respetamos. De hecho, en una de las órdenes de entrega de la muchacha se dice que se autoriza a la Unidad, al estar con nosotros, siempre bajo la supervisión de la policía, porque es una entrega judicial, porque es el cuerpo de una víctima asesinada y desaparecida”, explicó a Colombia+20 el magistrado de la JEP a cargo, Gustavo Salazar.
Sobre los detalles del comunicado, el magistrado afirma: “Hay dilemas muy complicados. En el momento en que se entra en un proceso judicial se empieza a perder el límite de la privacidad. Entonces, hay que manejar la tensión, una tensión muy difícil. La justicia no solo es de interés personal, es de interés público”.
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Por su parte, la UBPD reconoce que ese fue el gran primer desacuerdo con el despacho del magistrado Salazar. De acuerdo con Carlos Marín, subdirector de ea entidad, el comunicado implicaba “el riesgo de individualización de las víctimas y una revictimización de sus familias”.
También se argumentaba que no hubo un buen manejo de los protocolos. En su momento, varias fuentes enteradas dijeron que el tribunal de paz había llevado a la prensa al sitio sin la debida preparación de protocolos. Ese hecho también fue reclamado por organizaciones de víctimas: “El día de la rueda de prensa en La Escombrera, los periodistas estaban ubicados casi a un metro de donde estaban algunos restos óseos”, dijo a este diario una persona cercana a ese proceso.
El magistrado Salazar negó esas acusaciones. “Decir que la JEP fue la responsable de un mal manejo no tiene sentido: la delimitación se hizo conjuntamente con la Unidad”, aseguró.
Ese fue el punto de quiebre. Desde entonces, la relación entre ambas entidades camina en una cuerda floja con acusaciones cruzadas, reclamos institucionales y el trasfondo de una disputa por las formas de ejercer la justicia en un contexto profundamente doloroso para las víctimas.
Luego vino una segunda presión justamente por la entrega digna de los cuerpos recuperados en La Escombrera. La Unidad de Búsqueda, más allá de realizar la excavación en la fosa, también se encargó de crear los protocolos de comunicaciones y de entregas. Sin embargo, fuentes cercanas a este proceso le contaron a Colombia+20 que fue el despacho del magistrado Salazar el que decidió todas las condiciones de entrega de los cuerpos identificados e incluso algunos señalan que no fue convocado el investigador de la UBPD que se había encargado de crear una relación de confianza con la familia de la víctima.
La exclusión de la UBPD de la búsqueda en La Escombrera
Si bien desde el inicio la articulación entre el equipo forense de la Unidad de Búsqueda y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para las intervenciones fue buena en general, en el terreno se comenzaron a evidenciar roces entre ambas entidades.
Algunas personas que participaron en el proceso le contaron a Colombia+20 que los líderes forenses de cada lado no lograban llegar a un acuerdo sobre las metodologías de intervención, al punto de que el jefe forense del GATEF cuestionó el método que realizaba la UBPD al remover la tierra para garantizar una búsqueda minuciosa. Ese roce comenzó a crear un ambiente de incomodidad entre ambos equipos.
A eso se le suma una denuncia de presunto acoso laboral contra un miembro del equipo forense de la JEP. El equipo del Grupo Interno de Trabajo Territorial de la UBPD presentó una queja formal contra el funcionario a quien señalan de actos de discriminación, trato misógino, maltrato y desinformación durante la intervención en La Escombrera.
En la denuncia, el equipo de la Unidad pidió medidas correctivas e inmediatas para garantizar un entorno seguro de trabajo, sin embargo, el funcionario nunca fue retirado del lugar.
El magistrado Salazar le explicó a este diario que está en curso un trámite disciplinario.
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Más allá de las tensiones entre ambas entidades, la controversia alcanzó su punto máximo luego de que el magistrado Salazar asegurara que la UBPD se retiraba de la intervención por falta de recursos.
“Ellos se fueron señalando que ya no tenían recursos para mantener la maquinaria amarilla y a partir de ahí se fueron y los equipos no volvieron a trabajar. Si no tienen recursos ¿a qué los vamos a convocar? si no tienen contrato vigente y no tienen intervención. Si nosotros duplicamos el número de obreros, tenemos un equipo forense y tenemos los recursos de maquinaria amarilla, ¿cuál es el rol de la unidad? Lo que le dijimos a la Unidad, y eso fue un auto, es que presente una propuesta de intervención ordenada que sea razonable y que respete el carácter judicial de la intervención y le dé, y se utiliza este concepto, celeridad a la excavación. Si la intervención de la Unidad le va a dar mayor velocidad a esto, pues bienvenido”, explicó el magistrado Salazar.
<b>Cada componente tiene funciones específicas y debe actuar sin duplicar ni anular las funciones del otro</b>
María Victoria Fallon, directora del GIDH
Cada componente tiene funciones específicas y debe actuar sin duplicar ni anular las funciones del otro
La UBPD en varios momentos alertó a la JEP sobre el tema de presupuesto y la puesta en marcha del plan de intervención en la fase 6 que había sido presentado en octubre de 2024 con el fin de abarcar más terreno del polígono en La Escombrera. Esto suponía un trabajo de mínimo seis meses y a su vez la gestión de más recursos. Antes de que llegara la fecha máxima de la finalidad de recursos se realizaron por lo menos dos mesas técnicas en las que la Unidad puso en conocimiento la situación y pidió nuevamente respuesta sobre la fase 6.
El 31 de marzo de 2025, la UBPD se quedó sin recursos, pero decidió continuar con las gestiones istrativas para conseguir más e incluso sostuvo al equipo forense en terreno y no se retiró la maquinaria amarilla, con el fin de no detener la intervención.
“Cuando se informó a la magistratura sobre las limitaciones presupuestales de la Unidad y por tanto, la dificultad de poder seguir financiando la obra civil para continuar con la intervención a partir del 31 de marzo, que conforme lo definido en decisiones judiciales, le correspondía a otra entidad (Alcaldía de Medellín), lamentablemente fue interpretado por el despacho a cargo de la medida cautelar como un “retiro” de la entidad, pese a insistir sobre la garantía de permanencia del equipo forense. En este sentido la UBPD continuó haciendo presencia a través de su equipo forense y el personal de mano de obra no calificada para continuar la intervención en el lugar cautelado, así como la maquinaria pesada, a la espera de la financiación para su funcionamiento”, explicó el subdirector Marín a Colombia+20.
Sin embargo, la JEP decidió asumir totalmente la excavación y prospección en La Escombrera.
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El magistrado Salazar, justificó su decisión con base en la urgencia judicial del caso, la necesidad de garantizar resultados eficaces y la autoridad legal que le confiere la JEP para adoptar medidas cautelares. Desde su perspectiva, se trata de una búsqueda judicial orientada a lograr imputaciones penales, y por tanto, bajo control exclusivo de la jurisdicción.
“Tenemos plena autonomía. Podemos vincular o no a otras entidades. Por ejemplo, en algunos casos trabajamos con la Fiscalía o la Unidad de Búsqueda; en otros, no. La JEP tiene mandato constitucional, equipos forenses propios (hoy contamos con cuatro), y la potestad de actuar como policía judicial. Eso nos permite recolectar pruebas directamente”, dijo a este diario.
La UBPD, por su parte, ha sostenido que su salida de la Escombrera no fue voluntaria ni producto de una simple falta de recursos, como lo ha insinuado la magistratura, sino que se debe a una especie de exclusión total.
“La magistratura ha venido adoptando una serie de acciones, medidas y decisiones relacionadas con la participación de la Unidad, entre ellas la limitación de nuestro a La Escombrera, y a la fecha estamos a la espera de la respuesta a muchas de las inquietudes planteadas por la Unidad y de las mismas organizaciones y familias interesadas en la búsqueda de sus seres queridos, con respecto a nuestra participación en la intervención forense del polígono cautelado”, agregó Marín.
Fuentes en terreno le contaron a Colombia+20 que en más de una oportunidad el equipo forense de la UBPD se ha acercado a La Escombrera para continuar con las labores, pero al momento de ingresar se les prohíbe el paso y les informan que deben gestionar un permiso.
El magistrado Salazar le explicó a este diario que en efecto había restringido el a La Escombrera debido a que era un asunto de seguridad, sin embargo, negó que se le impidiera el ingreso a los funcionarios de la UBPD. “A nadie se le ha prohibido la entrada”. Y agrega: “Lo que no puedo permitir es que haya gente entrando sin control a una zona forense. Eso pondría en riesgo las pruebas y a las víctimas”.
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Sin embargo, fuentes cercanas señalan que existe un documento en el que existe una prohibición expresa para ingresar al terreno sin autorización, incluso para los funcionarios que hayan trabajado anteriormente en el lugar.
Sobre dicha restricción, la UBPD señaló: “Las decisiones restrictivas de ingreso a la Escombrera desconocen el principio de complementariedad entre el componente judicial y extrajudicial del Sistema Integral para la Paz, lo cual ha generado en las personas buscadoras y en la sociedad colombiana, confusión respecto a qué entidad debe liderar el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el país, al mismo tiempo que minimiza la autoridad de la UBPD, que está facultada por la Ley para dirigir, coordinar y contribuir con la búsqueda de los desaparecidos en el marco del conflicto armado”.
A ello se sumó que el pasado 21 de mayo, otro auto de la JEP que entonces dio a conocer este diario, donde se decidía excluir a la UBPD de una audiencia clave sobre fortalecimiento presupuestal, en el marco de una medida cautelar nacional por desaparición forzada.
Según el documento -y a pesar de que la Unidad había informado de sus problemas en recursos- la entidad había cumplido los objetivos presupuestales para cumplir con sus tareas y proyectos para 2025.
En su momento la UBPD lamentó el auto y cuestionó de fondo los argumentos del tribunal de paz. Fuentes en esa entidad afirman que esa decisión fue una represalia por todo lo ocurrido en La Escombrera.
Por el momento, la Unidad no está trabajando en esa zona, pero han mantenido las acciones humanitarias y extrajudiciales en el marco del Plan Regional de Búsqueda de los desaparecidos de la Comuna 13 y el Valle de Aburrá. Pero esperan que la JEP permita la continuidad del trabajo y garantice la participación de las familias buscadoras.
La pugna llega a la Corte IDH
La tensión escaló a la esfera internacional. María Víctoria Fallon, directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), elevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), señalando que el Estado colombiano está incumpliendo su obligación internacional de garantizar la búsqueda.
Fallon también es representante de una de las víctimas, Arles Edison Guzmán Medina, quien fue el primer caso por desaparición forzada en la Comuna 13 y por la Operación Orión que llegó a la Corte IDH. Sobre ese caso, la abogada elevó la petición a la Corte IDH en la que dice que la JEP está obstaculizando la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera.
La Cancillería ha intervenido, convocando reuniones y solicitando informes. Pero según los representantes de víctimas, la JEP ha mantenido una postura cerrada, sin permitir la rearticulación del Sistema ni el acompañamiento humanitario que antes garantizaba la UBPD.
“La exclusión de funciones que le son propias a la UBPD que se configura en el auto recurrido se une a recientes decisiones de la magistratura orientadas a asumir la dirección y coordinación de las prospecciones, excavación y búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera que se han dado a conocer recientemente”, se alega en el recurso de nulidad contra un auto proferido por la misma JEP en el que ordena al GATEF —es decir, a su propio equipo forense— que lidere la búsqueda en La Escombrera.
Según el recurso de nulidad, ello “desconoce las competencias establecidas en el Acuerdo Final” y agrega que el GATEF “puede apoyar las labores técnico forenses sobre las que la UBPD solicite apoyo pero no puede la JEP mediante auto de un magistrado sustituir las funciones que le fueron asignadas por ley a la UBPD”.
La UBPD fue creada como un mecanismo humanitario, extrajudicial, para buscar a desaparecidos en el marco de la conflicto. La JEP, aunque puede decretar medidas cautelares, no puede sustituir competencias asignadas legalmente a otra entidad del Sistema.
“Cada componente tiene funciones específicas y debe actuar sin duplicar ni anular las funciones del otro”, dice el recurso interpuesto por la abogada Fallon.
El magistrado Salazar defiende que ha sido la intervención de la JEP la que ha mantenido viva la excavación en la que, hasta ahora, se han encontrado cuatro cuerpos. Además, explica que el trabajo del tribunal logró la ampliación del polígono de búsqueda, implementar la Fase 6 del plan forense, y obtener apoyo internacional de Noruega y la Fundación Antropológica Forense de Guatemala.
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“La búsqueda judicial, no se ha detenido y se va a continuar. Decretamos estudios de geotecnia en un polígono adicional, a partir de los testimonios. Duplicamos el personal de la Jurisdicción Especial para la Paz, en términos de obreros y equipo forense. Garantizamos los recursos de excavación, a partir de las órdenes judiciales, con presupuesto de la Alcaldía de Medellín. Decretamos la memorialización de La Escombrera, que es un paso importantísimo, y que es, entre otras cosas, la seguridad de lo que dictamina la Corte Interamericana que se debía hacer”, explica.
Este diario conoció la respuesta de la Unidad de Búsqueda a la Corte IDH y dejó claro que la “judicialización de la búsqueda no solo desconoce la división de las competencias demarcadas para cada entidad desde el Acuerdo de Paz, sino que se constituye en un desconocimiento de las conquistas alcanzadas por las víctimas en el proceso de paz, en el sentido de haber logrado la creación de un organismo humanitario y extrajudicial para que realice una búsqueda guiada por criterios estrictamente técnicos, garantizando su plena participación.
En un país donde la desaparición forzada ha marcado generaciones, la articulación institucional debería ser la clave para la reparación. Más allá de los reclamos cruzados, estas tensiones entre ambas entidades tiene repercusiones principalmente en las víctimas. Muchas familias, en especial mujeres buscadoras de la Comuna 13, han expresado su cercanía histórica con la Unidad. Han dicho que confían más en sus equipos humanitarios que en los operadores judiciales.
La JEP ha ido “usurpando” funciones
Además, lo que se discute en La Escombrera es el alma del Sistema Integral para la Paz: ¿la búsqueda de desaparecidos debe responder a una lógica judicial, orientada a la atribución de responsabilidades, o a una lógica humanitaria, orientada exclusivamente a aliviar el dolor de las víctimas?
Una fuente cercana que trabajó en el diseño del Sistema Integral para la Paz afirma que la JEP sí ha estado “usurpando” las competencias de otras entidades del Sistema Integral para la Paz como por ejemplo, la de la Comisión de la Verdad.
“Para algunos la razón de la demora de la JEP en la entrega de las primeras sanciones propias tiene que ver con un cambio en ese tribunal que ahora busca conocer e investigar toda la verdad. Eso era una tarea de la Comisión de la Verdad, que entregó un informe detallado hace tres años. La JEP es un tribunal de justicia transicional que ha demorado ocho, casi nueve años en dictar sus sanciones”, explica.
Esas mismas críticas han venido de los comparecientes, especialmente del antiguo secretariado, y del equipo de defensa.
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En octubre del año pasado los del antiguo secretariado de las FARC señalaron que la Jurisdicción Especial se ha “empeñado en investigar indefinidamente hechos ya conocidos” y no ha realizado “imputaciones en una resolución única sobre los hechos y conductas ocurridos durante el conflicto armado” que les permitan asumir sus responsabilidades.
La molestia de los comparecientes tiene que ver con que, aunque fueran imputados en diferentes macrocasos, tuvieran que pagar sanciones más altas, una preocupación que se cierra con el anuncio de la JEP de no acumular las sentencias, en respuesta a una tutela hecha por el sistema de defensa del antiguo secretariado de las FARC.
En abril pasado, la jurisdicción accedió a la petición de la resolución única de conclusiones, el documento donde quedarán consignadas las sanciones a cumplir. Parte de la tutela aún no es respondida por la JEP.
Otras personas cercanas al Sistema Integral también coinciden con la ampliación de funciones que ha tenido la JEP, pero afirman que la Unidad de Búsqueda también ha disminuido sus tareas, su relacionamiento con autoridades locales y la articulación con salas y magistrados de la JEP.
La Escombrera, por años símbolo de la impunidad, se ha convertido ahora en el símbolo de una nueva disputa: no solo por la verdad y la justicia, sino por el alma misma del Sistema Integral. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando, entre escombros y dictámenes, que los hallazgos forenses les devuelvan algo de lo que les fue arrebatado.
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