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El noveno informe anual del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz advierte que, tras ocho años de la firma del Acuerdo de Paz, solo el 34 % de los compromisos pactados se han cumplido plenamente. El análisis, que abarca el período entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, estuvo marcado por avances puntuales, pero también por retrocesos y desafíos estructurales que comprometen la sostenibilidad del Acuerdo de Paz.
El monitoreo arroja el estado de las 578 disposiciones del Acuerdo de Paz y asegura que, hasta noviembre de 2024, solo el 34 % de estas disposiciones habían sido completamente implementadas, mientras que un 19 % presentaba un avance intermedio, un 38 % mostraba un avance mínimo y un preocupante 9 % no había iniciado su implementación (ver gráfico).
Esto significa que casi la mitad (47 %) de los compromisos carece de condiciones materiales, institucionales o de contexto para garantizar su cumplimiento antes de 2031, cuando se cumple el plazo de 15 años fijado en el Plan Marco de Implementación (PMI) -documento que describe las estrategias, metas, indicadores y acciones necesarias para implementar el Acuerdo de Paz-.
El informe analiza cualitativa y cuantitativamente el cumplimiento de los compromisos pactados, evidencia una implementación desigual, fragmentada y vulnerable a los vaivenes políticos, presupuestales y de seguridad.
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El informe subraya que, aunque algunos puntos del Acuerdo tienen avances, estos no han sido suficientes para revertir la tendencia general de estancamiento.
El informe subraya que, aunque algunos puntos del Acuerdo han avanzado, estos avances no han sido suficientes para revertir la tendencia general de estancamiento. De hecho, solo el Punto 2, relacionado con la participación política, mostró avances significativos durante el último año, aunque parte de ese impulso se ve limitado por la falta de adopción formal de políticas clave como la Política de Participación Ciudadana y la Política de Diálogo Social.
La implementación del Punto 1, sobre la Reforma Rural Integral, continúa mostrando desigualdades y dice que las medidas de a la tierra y ordenamiento territorial “no registraron avances en su nivel de implementación”.
“Si bien en 2024 el Gobierno emprendió acciones para agilizar los procesos de a tierras, éstas no fueron suficientes para cumplir con las metas del periodo ni para encaminar la implementación hacia una ruta de viabilidad que permita alcanzar la meta de adjudicación de tres millones de hectáreas en el plazo establecido (...) Según la metodología del Instituto Kroc, a noviembre de 2024, la evidencia disponible no permitía establecer la viabilidad de cumplimiento, dentro del plazo del Acuerdo de Paz, para aproximadamente el 73% de los compromisos de la reforma rural integral”, dice el informe.
Sobre el Punto 3, acerca de la reincorporación política, el informe advierte que persisten amenazas a la seguridad de firmantes del Acuerdo, falencias en el funcionamiento del Sistema Nacional de Reincorporación y lentitud en la evaluación y financiación de proyectos productivos colectivos.
En cuanto a la reparación de víctimas, Punto 5, el informe evidencia avances relevantes en el componente de verdad y memoria, pero rezagos persistentes en materia de justicia y reparación como el retraso de la JEP para emitir las sanciones propias.
Por el contrario, el Punto 4, sobre sustitución de cultivos ilícitos, y el enfoque étnico, se mantuvieron sin cambios sustanciales en sus niveles de implementación.
En el terreno del enfoque de género, el informe reporta que el 13% de las disposiciones se ha implementado plenamente, el 19% se encuentra en nivel intermedio, el 51% en nivel mínimo y el 17% aún no ha iniciado. Si bien se destacan avances como la vinculación del 95% de las mujeres firmantes del Acuerdo a proyectos productivos, el documento enfatiza la falta de sostenibilidad de estos proyectos y la limitada coordinación interinstitucional para consolidar avances duraderos.
En cuanto al enfoque étnico, el panorama es más crítico. De las 80 disposiciones específicas, el 13% permanece sin implementación, el 60% en nivel mínimo, y solo el 13% ha sido completamente implementado.
El Instituto Kroc identifica como causas principales la ausencia de consulta previa efectiva, la escasa presencia institucional en los territorios étnicos y la falta de recursos técnicos y financieros para garantizar la participación y ejecución de programas en estas comunidades.
Además, dice el análisis, faltan mecanismos claros de seguimiento, articulación institucional y gobernanza del llamado Plan de Choque que creó el Gobierno para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz y del que, tras la salida de Juan Fernando Cristo y la llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior, no se ha avanzando en casi nada.
“En el ámbito nacional, aunque el Gobierno propuso un Acuerdo Nacional para acelerar la implementación, la iniciativa no tuvo suficiente respaldo. No obstante, se avanzó en el diseño de un “Plan de Choque”, el cual fue cuestionado por la ausencia de indicadores y por no abordar suficientemente temas críticos como la reincorporación y los derechos de las víctimas”, se explica en el informe.
Otro elemento preocupante señalado en el informe es la reducción del 21% en el presupuesto destinado a la implementación del Acuerdo de Paz, en comparación con 2023. Además de este recorte, se documentaron serias dificultades en la ejecución de los recursos y se abrieron más de 160 investigaciones por presuntos hechos de corrupción relacionados con el manejo de fondos del OCAD-Paz, por un monto que supera los 340 mil millones de pesos.
Estos hechos afectan gravemente la confianza en las instituciones responsables de garantizar la paz y ponen en riesgo la continuidad de proyectos en curso.
La seguridad, el gran obstáculo para la implementación
Uno de los factores más críticos que condicionaron la ejecución de los compromisos fue el contexto de seguridad. El martes, una seguidilla de atentados se presentaron en Valle del Cauca y Cauca por cuenta de grupos que empezaron diálogos de paz con el Gobierno, pero que se apartaron del proceso.
Las mesas de negociación abiertas con grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (EMC) -que se dividió y quedó en la mesa una “nueva disidencia” conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), que continúa con el diálogo- y la Segunda Marquetalia sufrieron crisis internas que derivaron en la fragmentación de estas organizaciones, debilitando los procesos de diálogo y aumentando la violencia en varias regiones.
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“La articulación entre los distintos procesos de negociación y la implementación del Acuerdo Final presentó dificultades importantes. Los mecanismos de participación ciudadana se diseñaron de forma aislada en cada mesa, generando desgaste comunitario y limitada efectividad”, se lee en el documento.
Según datos de la Defensoría del Pueblo citados en el informe, el 71% de los municipios del país estuvieron bajo algún tipo de alerta temprana durante 2024, especialmente en zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo, como Catatumbo, el norte del Cauca y el Chocó.
Frente a este panorama, el Instituto Kroc propone una serie de orientaciones generales dirigidas a diferentes entidades estatales y actores nacionales e internacionales, con el fin de reactivar y sostener la implementación:
- A la Presidencia de la República: Crear una Consejería Presidencial encargada de coordinar la implementación del Acuerdo de Paz que articule las estrategias institucionales y asesore al Presidente en decisiones clave.
- A la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP) y al Departamento Nacional de Planeación (DNP): Consolidar durante 2025 la revisión del Plan Marco de Implementación (PMI) asegurando que los indicadores reflejen con precisión los compromisos del Acuerdo e incorporen adecuadamente los enfoques de género y étnico, con participación de las instancias previstas en el Acuerdo.
- A las entidades responsables de los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET): Acelerar la territorialización de la implementación, articulando los PDET con otras estrategias como los Pactos Territoriales y el Sistema Restaurativo, y dotándolos de mecanismos de financiamiento sostenible y coordinación eficaz.
- Al Ministerio del Interior: Definir e implementar una estrategia de focalización presupuestal e institucional que garantice la sostenibilidad de la implementación, alineada con el Plan de Choque y los planes de acción territoriales.
- A la Vicepresidencia de la República y al Ministerio de Igualdad y Equidad: Establecer una estrategia de largo plazo para garantizar la sostenibilidad de los enfoques de género y étnico en la implementación, incluso considerando ajustes institucionales o normativos que aseguren su transversalización y no fragmentación.
- A la comunidad internacional: Mantener y fortalecer su rol como acompañante del proceso, participando en espacios de verificación, orientando su cooperación hacia programas con mayores rezagos y alineando su apoyo con el PMI y las prioridades territoriales.
- A la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral: Articular la organización del proceso electoral de 2026 con los compromisos del Acuerdo en materia de participación política y garantías de seguridad, promoviendo además el Pacto Político Nacional y la inclusión de mujeres y pueblos étnicos en la vida política.
El informe concluye que, a pesar de los esfuerzos institucionales por superar los rezagos acumulados, el proceso de implementación del Acuerdo de Paz sigue enfrentando obstáculos estructurales que amenazan su viabilidad.
La falta de un liderazgo político cohesionado, la persistencia de conflictos armados, el debilitamiento de las garantías de participación y la exclusión de poblaciones históricamente marginadas configuran un escenario complejo que exige medidas urgentes y coordinadas.
Sin una acción decidida del Estado, el acompañamiento sostenido de la comunidad internacional y la participación activa de la sociedad civil, las promesas del Acuerdo de Paz podrían quedar reducidas a compromisos formales sin efectos transformadores reales para el país.
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