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El magistrado de la Jurisdicción Especial, Gustavo Salazar, quien ha estado al frente de la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera, en la Comuna13 de Medellín; y Carlos Marín, subdirector de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas dan sus versiones sobre el choque entre ambas entidades que ya escaló a nivel internacional y llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Tal como lo contó este diario en su edición dominical, la disputa tiene frenada la entrega de uno de esos cuerpos que se encontraron en diciembre pasado: el de una joven de 20 años que fue raptada el 30 de julio de 2002 durante una reunión por hombres del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y nunca más se supo de ella.
La otra actividad que no se ha podido realizar por esta pugna es el acto de perdón público que quiere adelantar el presidente Gustavo Petro para las víctimas. Ambos hechos están en pausa pues familias y varias organizaciones de víctimas afirman que no participarán mientras la JEP esté liderando la búsqueda en esa zona o la entrega digna de los cuerpos.
En entrevista con Colombia+20, ambos funcionarios dan sus versiones sobre este choque que afecta a las víctimas de desaparición forzada.
“Tenemos la potestad judicial de decidir a quién vinculamos y con quién trabajamos”: Gustavo Salazar, magistrado de la JEP
¿Cuál es su valoración del estado actual de la relación entre la JEP y la Unidad de Búsqueda en el caso de La Escombrera? ¿Qué originó el desacuerdo más reciente?
Llevamos casi seis años en este proceso. Desde el principio ha sido un proceso judicial, con seis audiencias y 49 mesas técnicas, siempre ha sido judicial. La Unidad de Búsqueda se vincula como parte del sistema y en el camino manejábamos las competencias, pero esto nunca cambió el carácter judicial de la búsqueda (...) Tenemos la potestad judicial que implica que nosotros podemos decidir a quién vinculamos y con quién trabajamos. Nosotros podríamos trabajar con la Fiscalía, o no. Hay casos en los que hemos trabajado con la Unidad y hay casos que no. Entonces nosotros no estamos obligados a trabajar con ninguna entidad, podemos hacerlo autónomamente y eso es lo que define nuestra relación.
¿La JEP está acaparando funciones la Unidad de Búsqueda o entorpeciendo la búsqueda de desaparecidos?
En los últimos seis meses hemos encontrado cuatro cuerpos. ¿Dónde está el entorpecimiento? Eso nos llevó a ampliar el polígono, a adoptar la Fase 6, que fue presentada por el equipo del GATEF (Grupo de Apoyo Técnico Forense). Nadie puede hablar de entorpecimiento. Ahí están las 49 actas de las mesas técnicas. Muchas de nuestras intervenciones han sido solicitadas por las propias víctimas. (...) Es completamente falso que hayamos limitado el . Desde el comienzo se pactó que el ingreso sería mediante listado. Yo tomé esa decisión porque la gente entraba y salía sin control, y estamos hablando de material forense. Es muy delicado. Si se van a molestar, que se molesten y así lo voy a mantener. Por ejemplo, el 23 de mayo, entraron con la Cancillería, el viceministro y la directora de Derechos Humanos. También incluyeron a María Victoria Fallon y la autoricé; ella finalmente no fue, pero todo está registrado en oficio.
¿Qué opina de las preocupaciones de los colectivos de víctimas y familiares respecto al proceso en La Escombrera y la exclusión de la UBPD?
Decir que la JEP fue la responsable de un mal manejo no tiene sentido: la delimitación se hizo conjuntamente con la Unidad. Sobre las víctimas, jamás hubo amenazas. Eso es completamente falso. Yo me reuní personalmente con algunos de los familiares. Con la otra familia estamos en acercamientos. Una de las familias tenía una relación de mayor confianza con la Unidad de Búsqueda y la respetamos. Las familias tienen muy buena relación con la Jurisdicción (... )Ahora en el momento en que se entra en un proceso judicial se empieza a perder el límite de la privacidad. La justicia no solo es de interés personal, es de interés público. Y en esa medida, la pregunta es ¿qué hace uno en términos de justicia y hasta dónde está el derecho de las víctimas?
¿Cuál es la posición de la JEP frente a los señalamientos de obstaculizar la labor de búsqueda y generar tensiones?
Hay una queja de un miembro del GATEF, eso está en un trámite disciplinario. Ha habido dificultades en los equipos de trabajo forense en terreno. Ha habido escenarios en donde hay diversidad de opiniones. Si se dice que una persona maltrató, entonces que lo dirima la disciplinaria.
La disputa por La Escombrera ha escalado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué información tiene la JEP al respecto?
La cosa es muy sencilla. La Corte Interamericana le genera responsabilidad al Estado y le genera unas obligaciones. La Cancillería, que es la interlocutora natural ante la Corte Interamericana, promueve las acciones estatales para que se cumpla lo ordenado. Y entonces nos solicita reuniones. Yo tuve hace poquito una reunión con la Cancillería sobre estos temas. Nos han convocado a mesas, nos han solicitado informes y todo eso se les entrega. Nosotros lo que hemos hecho como jurisdicción es que conocemos el fallo de la Corte, lo respetamos, entendemos nuestra autonomía y lo que hemos hecho es compaginar el trabajo de La Escombrera con la respuesta estatal a lo ordenado por la corte. No tengo ninguna preocupación. Todo está sustentado.
¿Cuándo terminó el trabajo conjunto con la Unidad de Búsqueda en La Escombrera?
Se fueron el 1.° de abril ellos se fueron señalando que no que ya no tenía recursos para la maquinaria amarilla y a partir de ahí se fueron y los equipos no volvieron a trabajar, entonces iban y no trabajaban. Con la directora Luz Janeth nos reunimos a dialogar en marzo y esperábamos encontrar una puerta, lo que nunca esperábamos era que la Unidad estuviera solo hasta el 1.° de abril. Ellos habían advertido en febrero que eso era posible, pero nunca lo confirmaron. A mi como magistrado solo me quedaba la opción de resolver y resolvimos. La Unidad debe valorar cómo se incorpora.
Lea también: La Escombrera: Los detalles de la pugna entre JEP y Unidad de Búsqueda que llegó a Corte IDH
“Pretender judicializar la búsqueda de desaparecidos se traduce en un enorme retroceso”: Carlos Marín, subdirector de la UBPD
¿Cuál es su valoración sobre el estado actual de la relación entre la JEP y la Unidad de Búsqueda en el caso de La Escombrera? ¿Qué originó el desacuerdo más reciente?
Desde los inicios de las labores de investigación e intervención forense en La Escombrera, la UBPD propició una articulación interinstitucional efectiva con el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la JEP, el Despacho Sustanciador y la Alcaldía de Medellín. Dicha colaboración fue fundamental para hacer posibles los primeros hallazgos forenses que se dieron en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025. La articulación se afectó, inicialmente, cuando la Unidad se apartó de firmar un comunicado conjunto con la Jurisdicción, como se tenía establecido en el protocolo de Comunicación acordado de manera previa entre ambas entidades, por contener detalles de la intervención forense y la identificación de los primeros cuerpos hallados, que para la Unidad implicaba el riesgo de individualización de las víctimas y una revictimización de sus familias. Posteriormente, la Magistratura ha venido adoptando una serie de acciones, medidas y decisiones relacionadas con la participación de la Unidad, entre ellas la limitación de nuestro a la Escombrera.
¿Considera que la JEP está acaparando funciones o debilitando el mandato autónomo de la Unidad de Búsqueda?
Las decisiones restrictivas de ingreso a La Escombrera desconocen el principio de complementariedad entre el componente judicial y extrajudicial del Sistema Integral para la Paz, lo cual ha generado en las personas buscadoras y en la sociedad colombiana, confusión respecto a qué entidad debe liderar el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el país, al mismo tiempo que minimiza la autoridad de la UBPD.
Desde su perspectiva, ¿ha habido una ruptura de confianza entre las instituciones del Sistema Integral? ¿Qué tan profundas son esas fracturas?
No podemos hablar de una ruptura de confianza entre las instituciones del Sistema Integral para la Paz; tenemos múltiples escenarios de trabajo conjunto con los distintos despachos de la Jurisdicción en general, que han permitido tener exitosos resultados en la búsqueda de desaparecidos; desafortunadamente, para este escenario de búsqueda tan complejo, se han presentado dificultades frente a decisiones de carácter técnico y ahora principalmente, desde el punto de vista presupuestal. Nosotros desde la Unidad de Búsqueda hemos invitado continuamente a que se puedan revisar cada unos de los temas para que se permita el trabajo humanitario y extrajudicial de la UBPD, contribuyendo de esta manera, a que se alivie el sufrimiento de quienes aún esperan respuestas acerca del paradero de sus seres queridos desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín, el Valle de Aburrá y el país.
¿Qué opina sobre las preocupaciones de los colectivos de víctimas y familiares respecto a la exclusión de la UBPD en procesos clave?
Sus preocupaciones son totalmente legítimas porque al no permitir el trabajo de la Unidad, esto se convierte en una amenaza para la labor humanitaria y extrajudicial de búsqueda que realiza la UBPD, al tiempo que impiden las garantías de participación efectiva y la centralidad de las víctimas, que rigen al Sistema Integral para la Paz.
Por eso hemos insistido en diferentes instancias y de una manera respetuosa al Despacho relator, que reconsidere las decisiones que impactan y desconocen la misionalidad de la UBPD y reafirme el respeto por el mandato humanitario y extrajudicial de rango constitucional y legal que habilita a la Unidad a continuar con la dirección y coordinación de las labores inherentes a su mandato, así como la garantía de participación de las mujeres buscadoras, organizaciones, demás instituciones y personas vinculadas al sitio de interés forense en La Escombrera, como propósito común.
La disputa por La Escombrera ha escalado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué información tiene la UBPD al respecto?
Conocemos que el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), envió una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual manifiesta su preocupación por el desconocimiento de las competencias de la UBPD por parte del Despacho de la JEP a cargo de la medida cautelar. En ese sentido, la Cancillería General solicitó a la Unidad de Búsqueda, pronunciarse a propósito de la comunicación remitida por el GIDH, a fin de comunicar a ese organismo internacional, las dificultades que representa para la búsqueda de desaparecidos, las decisiones que ha tomado el despacho relator en el sentido de desconocer el carácter humanitario de la UBPD, al apartarla de la intervención en La Escombrera.
En dicha comunicación, la entidad dejó claro que la “judicialización de la búsqueda”, no solo desconoce la división de las competencias demarcadas para cada entidad desde el Acuerdo de Paz, sino que se constituye en un desconocimiento de las conquistas alcanzadas por las víctimas en el proceso de paz, en el sentido de haber logrado la creación de un organismo humanitario y extrajudicial, para que realice una búsqueda guiada por criterios estrictamente técnicos garantizando su plena participación, sin que esto dependa de decisiones judiciales para su cumplimiento.
El magistrado Salazar dice que la búsqueda de desaparecidos siempre ha sido judicial ¿Cuál es la posición de la UBPD frente a esta premisa y por qué es importante la búsqueda extrajudicial?
Es necesario enfatizar que antes del Acuerdo de Paz, la búsqueda se realizaba estrictamente en el marco de procesos judiciales, bajo el entendido que la prioridad de dichos procesos se dirigía a individualizar, judicializar y sancionar a los responsables de los hechos (delitos), y no, a dar con el paradero de las personas desaparecidas, arrojando así resultados que no daban una respuesta efectiva a las víctimas, limitando además su participación y la de sus familiares a las diligencias a las que fueren citados por el respectivo despacho. Es precisamente ese carácter judicial de la búsqueda, y sus características, lo que llevó a las víctimas del conflicto armado a exigir en la Mesa de La Habana, la creación de un organismo humanitario y extrajudicial, que se dedicara exclusivamente, bajo criterios eminentemente técnicos y científicos, a buscar a los desaparecidos sin distinción alguna y con la participación permanente de las personas buscadoras en todas las fases de la búsqueda. Teniendo en cuenta lo anterior, pretender judicializar nuevamente la búsqueda de desaparecidos, al imponer el criterio judicial sobre el humanitario y extrajudicial de la UBPD, se traduce en un enorme retroceso.
La JEP dice que la UBPD decidió trabajar en La Escombrera hasta el 1 de abril. ¿Cómo se originó esa salida y por qué?
La Unidad de Búsqueda garantizó la permanencia de su equipo forense y las condiciones logísticas para realizar la intervención, hasta cuando se nos permitió el al área cautelada por parte de la magistratura. No obstante lo anterior, también debemos resaltar que hemos mantenido nuestras acciones humanitarias y extrajudiciales en el marco del Plan Regional de Búsqueda de los desaparecidos de la Comuna 13 y el Valle de Aburrá.
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