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La Contribución Nacional de Valorización (CNV) impuesta por el Instituto Nacional de Vías (Invías) para financiar el corredor vial Barranquilla-Cartagena y la Circunvalar de la Prosperidad sigue con el pie en el acelerador. Así lo aseguró la entidad pública en un comunicado, ante la solicitud de suspensión provisional por la Procuraduría.
En teoría, es un modelo de cofinanciación: quien se beneficia de una obra pública, paga por ella. En la práctica, los propietarios de más de 10 municipios de Atlántico y Bolívar se enfrentan a recibos por sumas aún no reveladas, pero que buscan recaudar $1,23 billones.
Ayer, 29 de mayo, la Procuraduría General envió un concepto al Tribunal istrativo del Atlántico con un objetivo: suspensión de cobro del impuesto hasta que se resolviera una acción interpuesta por el senador del Centro Democrático Carlos Meisel.
La razón, señala el Ministerio Público, es proteger el derecho colectivo y verificar si hay comunidades étnicas en la zona que no han sido consultadas.
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En Colombia, las consultas previas son un mandato constitucional cuando los proyectos afectan a comunidades étnicamente diferenciadas. Y si se omiten, todo el proceso podría tomar dos caminos: retrasarse (usualmente por años) o ser declarado nulo.
A la fecha, el Invías insiste en que no ha sido notificado oficialmente de ninguna suspensión. Verificó el sistema judicial SAMAI y no encontró registro alguno.
Por ahora, el cobro sigue en pie, y las facturas empezarán a llegar desde junio, con un plazo de cuatro años para pagarla.
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En noviembre de 2024, el Ministerio señaló que la valorización no es “inequitativa” porque se cobra a quienes tienen capacidad de pago o tienen más de dos propiedades, se excluyen los predios de estratos 1, 2 y 3, los propietarios que están en las categorías A y B del Sisbén y a las Unidades Agrícolas Familiares.
“En concordancia con la ley, se han establecido topes de capacidad de pago para los predios gravables que, se estima, sea el monto equivalente de uno, dos y hasta tres impuestos prediales, de acuerdo con el uso del predio y estrato socioeconómico. Los contribuyentes tendrán facilidad de pago hasta de cuatro años”, agregó la cartera.
Pero los gremios económicos no se fían; de hecho, lo consideran injusto y arbitrario. “Esto generaría un impacto directo en el empleo, en la inversión y en el crecimiento fiscal”, dijo Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico.
Contexto: Procuraduría solicita la suspensión del cobro de valorización en Vía al Mar
Aunque el cobro sea legal, la legitimidad está en entredicho. Por un lado, por proyectos de lo que no se “beneficiarían” o que, al contrario, llevan años en papel, pero no se han ejecutado.
Sin embargo, en 2024, el Ministerio aseguró que el corredor susceptible de valorización no está inconcluso: “se diseñó y se ejecutó de acuerdo con las necesidades del Tráfico Promedio Diario, por lo que se encuentran tramos en doble calzada y otros en calzada sencilla”.
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Un mes antes, subrayó que la totalidad de los recursos recaudados se invertirían en la región Caribe. Y volvió a recordarlo hoy: “Los aparentes argumentos mencionados en dichos artículos, donde los gremios económicos de la región se oponen al cobro de Valorización porque aparentemente el recaudo no será invertido exclusivamente en la Región Caribe, ya fueron ampliamente desmentidos desde dicha fecha”.
Además, apuntó que la ley 1819 de 2016 establece nueve métodos de distribución, para este caso se eligió el método avalúo ponderado por distancia, que establece entre sus variables, el cálculo con el avalúo comercial y la distancia más cercana del predio a la obra.
Pese a ello, algunos propietarios han hecho un llamado a la desobediencia civil como alternativa constitucional.
El corredor Barranquilla-Cartagena y la Circunvalar de la Prosperidad aún tiene desembolsos programados con vigencias futuras hasta 2033 por un monto similar al que ya se giró.
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