Diálogos y acuerdos: así concilió el Estado con los sindicatos del Mintrabajo

Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y líderes de sindicatos de empleados públicos.

Foto: Mintrabajo

“Es la primera vez que un ministro de la cartera laboral participa en la mesa de negociación liderando puntos estructurales del acuerdo”. Así se refirió el Ministerio del Trabajo a los acuerdos logrados con el sindicato de empleados públicos y el equipo negociador de la cartera, después de 10 días de diálogos.

Un cara a cara con “feliz término” para ambas partes, pues un año atrás se había liderado un cese de actividades.

En medio de un protocolo de actas, pliegos, carpetas sobre la mesa, el ministro de la cartera, Antonio Sanguino, participó de forma activa. “Esta mesa se caracterizó por el restablecimiento de la confianza, el respeto a la libertad sindical y sobre todo, el principio de la paz institucional y laboral”, dijo.

Para Pedro Gómez, negociador de las organizaciones sindicales, “este acuerdo lo logramos con un tiempo que nos trazamos, verificando cada uno de los puntos de manera juiciosa, motivada y acordada entre las partes, llegando a feliz término”.

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Lo que se firmó (y lo que implica)

El nuevo acuerdo, que regirá por los próximos dos años, se apoya sobre tres pilares:

• Estabilidad y paz laboral. El compromiso explícito del Gobierno de respetar la organización sindical y evitar retaliaciones o presiones, incluso hacia quienes participaron en el paro de abril de 2024.
• Mejoras en condiciones laborales. Revisión de beneficios, incentivos, sistemas de bonificación, bienestar del personal y equidad salarial, con énfasis en enfoque de género.
• Cumplimiento de acuerdos anteriores. Revisión exhaustiva de los pliegos entre 2017 y 2023, con cronogramas de cumplimiento y seguimiento acordados entre las partes.

Pero el punto más visible —y con mayor eco nacional— fue el aumento salarial de 7 % retroactivo desde enero de 2025, acordado para toda la función pública el pasado 30 de abril, junto con un incremento del IPC más 1,9 puntos para 2026.

Ese porcentaje fue menor al que reclamaban los sindicatos (IPC + 5 p.p., es decir, 10,2 % para 2025), pero el acuerdo evitó un nuevo cese y permitió cerrar una de las mesas más complejas del sector público este año.

Además, se mantuvo en el pliego un capítulo especial de enfoque de género, con acciones específicas para reconocer derechos de las trabajadoras, que representan 52 % de la planta estatal. Fue uno de los puntos que el ministro Sanguino insistió en proteger, alineado con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

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Durante los 10 días el diálogo avanzó en jornadas maratónicas. Se desempolvaron los pliegos y se logró un acumulado de solicitudes que habían quedado a medio camino: beneficios laborales no reconocidos, problemas de bienestar, ajustes al sistema de talento humano, entre otras.

Según las peticiones del sindicato, había compromisos incumplidos desde 2023, y Sanguino coincidió: 69 % se había materializado. Ese 31 % restante, el incumplido, pesaba en las mesas actuales.

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Por esto, esta ronda fue un ajuste de cuentas. Un pliego unificado con 59 artículos que exigía revisiones sobre lo pactado y ejecutado.

En palabras del secretario del Ministerio, Gersson Castillo Daza, se alcanzó un entendimiento de “reconciliación y restauración de la visión colectiva”.

El Estado logra la voluntad sostenida, la mesa continuará con el pedal en el engranaje de la productividad de los empleados públicos.

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