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Las principales comercializadoras internacionales de oro en Colombia manifestaron sus molestias frente a un proyecto de decreto del Gobierno Nacional que propone modificar el esquema tributario del sector minero.
La iniciativa, a grandes rasgos, contempla aumentar la retención en la fuente del 1 % al 2,5 % y establecer una nueva autorretención del 4,5 % sobre la actividad extractiva.
A través de un comunicado firmado por César Díaz Guerrero, exviceministro de Minas y quien se presenta como vocero de las tres comercializadoras más importantes del país: C.I. Colombian Mint, Naples Prime S.A.S. C.I. y C.I. Eslop S.A.S., estas empresas aseguraron que ese esquema impositivo implicaría una carga tributaria del 7 %, sin contar con el 4 % adicional correspondiente a las regalías.
Esta combinación -advirtió Díaz- podría reducir de forma significativa la liquidez de las compañías y afectar el empleo en las zonas auríferas, en un sector que genera cerca de 160.000 empleos directos en Colombia.
¿Golpe al oro formal?
Para los comercializadores, el proyecto de decreto desincentiva la formalidad y pone en riesgo los avances logrados en trazabilidad, cumplimiento fiscal y lucha contra el comercio ilegal de oro.
De acuerdo con el comunicado, actualmente solo el 20 % del oro que se comercializa en Colombia proviene de canales legales, mientras que el 80 % restante se transa en mercados informales, lo que representa una pérdida considerable para las finanzas públicas y limita el control institucional sobre la cadena productiva.
“El modelo de retención propuesto no solo representa una carga fiscal excesiva, sino que también pone en riesgo los avances alcanzados en legalidad, transparencia y sostenibilidad del sector, favoreciendo mecanismos informales o clandestinos de comercialización”, advirtió Díaz Guerrero.
Además de los riesgos financieros, las comercializadoras insisten en que el decreto impactaría negativamente la formalización minera que el mismo Gobierno ha venido promoviendo.
En su análisis, mayores cargas sobre quienes operan en la legalidad podrían empujar a pequeños productores hacia canales informales para evitar los costos adicionales, debilitando los sistemas de trazabilidad y fiscalización.
Díaz insistió en que estas compañías han sido clave en la canalización de regalías, el cumplimiento de obligaciones contractuales y la promoción de prácticas responsables dentro y fuera del país.
Solo en 2024, según el documento, estas empresas transfirieron más de $765.000 millones en regalías a departamentos y municipios, recursos destinados a programas sociales en salud, educación y bienestar comunitario.
Frente a este panorama, el sector hizo un llamado al Gobierno Nacional para abrir espacios de diálogo técnico que permitan revisar los efectos reales del proyecto.
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