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Con todas sus imperfecciones, el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP firmado en 2016 era el camino que debía transitar Colombia para, algún día, lograr una paz verdadera y sostenible en el tiempo.
Gracias a ese Acuerdo, cientos de guerrilleros rasos se incorporaron a la vida civil, trabajan en proyectos productivos y, además, han soportado el odio de quienes los ven como traidores y de tantos que no han empuñado un fusil pero adoran la guerra. Según la ONU, desde que se firmó el Acuerdo hasta febrero del año pasado, 420 excombatientes han sido asesinados.
El Acuerdo también les dio una curul en el Congreso a varios de los dirigentes guerrilleros como a Sandra Ramírez, quien hasta este momento no tiene ningún requerimiento judicial porque, como lo informó la colega de Caracol Radio, Diana Saray, “fue indultada por los delitos de rebelión, sedición y asociación para delinquir con fines políticos”. El lío para la senadora es que ese beneficio no cobija los delitos de secuestro, violencia sexual y reclutamiento de menores.
Desde su creación, la Justicia Especial para la Paz (JEP) nunca consideró llamar a la senadora Ramírez —ni siquiera como testigo— en ninguno de los delitos investigados. Sin embargo, esto podría cambiar como resultado de las entrevistas en Caracol Radio de dos mujeres que fueron reclutadas a la fuerza por las FARC-EP y abusadas sexualmente por hombres de esa guerrilla.
La senadora Ramírez está bajo un régimen de condicionalidad que significa que debe aportar la verdad cuando sea necesario. Sin embargo, ese compromiso parece esquivo para ella, otras exguerrilleras, el exguerrillero y hoy político Rodrigo Londoño, entre otros; en cambio, su estrategia es revictimizar a las mujeres que se atreven a señalar que la congresista y los máximos comandantes sí sabían y eran partícipes de todas las atrocidades denunciadas.
La Federación de Víctimas de las FARC pidió formalmente a la JEP que Ramírez sea llamada a rendir versión voluntaria en el caso 07 de “Reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado”, y la Corte Suprema de Justicia abrió investigación previa contra ella luego de la denuncia de Sara Morales, vocera de la Corporación Rosa Blanca.
Consultado para esta columna sobre las denuncias de las víctimas en la emisora y la reacción de los de las FARC-EP, Humberto De La Calle, quien fue el jefe de las negociaciones, señala: “Es necesario recordar que la obligación de los antiguos de las FARC es la de reconocer responsabilidad y reparar a las víctimas. Y que estos delitos no son amnistiables. Parte de esta discusión se agudiza por las demoras de la JEP en producir condenas. Es algo que no da espera”.
La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado, del Centro Nacional de Memoria Histórica, publicado en noviembre de 2017, destaca que “la violencia sexual es quizás la violencia más olvidada y silenciada entre los repertorios de violencia empleados por los actores armados. Ningún actor armado ite con franqueza haber violado, acosado o prostituido forzadamente a una víctima (…) sobre la violencia sexual impera un profundo sentido moral que la convierte en un crimen horrendo, que denota, no la inhumanidad de las víctimas, sino la de los victimarios”.
No tuvimos paz luego del Acuerdo. El odio nos carcome. Las amenazas y asesinatos contra los excombatientes no cesan. Los incumplimientos de lo pactado han sido la regla con este y el anterior Gobierno. Y, ustedes, senadora Ramírez y señor Londoño, con esa actitud negacionista, tampoco están honrando aquello por lo que muchos apostamos.
*Periodista/directora Feria del Libro Pereira.
