Resistencia democrática

Luego del repudiable atentado en contra del senador Miguel Uribe —de quien deseamos su pronta recuperación y regreso a la política— es necesario pensar en los desafíos que enfrenta ahora la democracia colombiana, pero hacerlo con una perspectiva histórica y partiendo de la premisa, según la cual, la Constitución de 1991 —que surge, precisamente, en un contexto de una grave situación de violencia política en el país— es el marco adecuado para tramitar los conflictos políticos y las crisis institucionales derivadas de estos.

Colombia tiene un trauma de vieja data con la violencia política: desde los tiempos de Rafael Uribe o Jorge Eliécer Gaitán, esta ha estado presente en nuestra historia y no la hemos podido desterrar de la esfera pública. Los crímenes de Rodrigo Lara Bonilla, Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán, y más adelante el de Álvaro Gómez Hurtado, dejaron profunda huella en nuestro inconsciente colectivo, que se reactivó con el atentado a Uribe Turbay. Esos fueron crímenes políticos, con motivaciones y efectos políticos profundos, y no solamente un “fenómeno delincuencial”, como ha sostenido de manera inaceptable Humberto de la Calle, quien no puede desconocer el origen y trasfondo político de esos magnicidios. Pero no estamos en la década de los 80 ni en la de los 90, tanto en cifras de homicidios como en madurez de nuestras instituciones democráticas.

No hay claridad sobre el origen del atentado contra Miguel Uribe. Las hipótesis que manejan la Fiscalía y el Gobierno apuntan a organizaciones criminales trasnacionales que quieren generar un clima de desestabilización para liberar presión de la Fuerza Pública y reactivar el negocio del narcotráfico —y eso explicaría su alianza con estructuras de microtráfico local en el crimen—, que supone ataques contra diferentes actores políticos —sin importar ideología— con un claro propósito de generar confusión y caos, un escenario ideal para distraer la atención de las autoridades.

Independientemente de si atentaron contra Uribe Turbay por ser quien es, un senador de la oposición y precandidato del Centro Democrático, o por ser un actor político visible —y entonces hubiera podido ser contra cualquiera otro—, aprovechándose de las deficiencias del esquema de seguridad del senador —¿con participación de activos de la Policía, como lo investiga la Justicia Penal Militar?—, lo cierto es que también es un crimen político, en el sentido de que afecta el normal funcionamiento del sistema democrático, en el que los candidatos tienen el derecho de hacer campaña en cualquier lugar, claro, con las previsiones de seguridad necesarias, que esta vez no se tomaron.

Que haya sucedido en Bogotá y contra una figura nacional lo hace más impactante, pero no podemos olvidar que muchos candidatos en regiones bajo el control “intermitente” de grupos armados no pudieron hacer campaña en las elecciones locales pasadas, y candidatos al Congreso no podrán hacerlo el próximo año. Ni qué decir de los líderes sociales que caen ante la indiferencia centralista.

Estamos ante una democracia asediada por el crimen organizado en sus distintas variantes. Tanto la MOE como los informes de Pares han advertido sobre este fenómeno que no nos hemos tomado en serio como sociedad: el control que ejerce sobre la democracia el crimen organizado, que se nutre de la debilidad del Estado, de la corrupción de servidores públicos, de la vulnerabilidad de cientos de jóvenes, como el sicario capturado, que no han encontrado una alternativa mejor que hipotecar su futuro a estas organizaciones. Esta pretensión de control territorial es lo más político posible. El Estado moderno surge precisamente en la consolidación de dinámicas de control territorial.

Claro, el clima de polarización, de degradación del debate público —del cual es responsable tanto el presidente de la república con sus señalamientos generalizados y estigmatizantes, como la oposición, que ha radicalizado su catastrofismo y desprecio por el gobierno hasta el punto de no reconocer su legitimidad como garante electoral—, unas redes sociales que exacerban esa confrontación verbal y unos medios que sirven de caja de resonancia de todo esto, sin filtro alguno, no contribuyen a generar un ambiente que permita lograr unos consensos mínimos para enfrentar el desafío que tenemos por delante como democracia, que no es otro que la violencia de organizaciones criminales con vocación de control territorial, de lo cual se benefician distintos actores políticos. Mientras Pablo Escobar traqueteaba y mataba, muchos políticos se beneficiaban de ello.

En ese panorama, esta vez fue Miguel Uribe, mañana puede ser cualquier otro.

@cuervoji