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Fue con Gustavo Petro que la izquierda pudo llegar al poder en Colombia, primero a la alcaldía de Bogotá y luego a la presidencia de la república. De los países de América Latina, Colombia fue el que más tardó en hacer el giro político a la izquierda, debido a la persistencia del conflicto armado y al hecho de haberse asociado durante mucho tiempo lucha armada con izquierda, y a que el sistema excluyente del Frente Nacional se extendió en la cultura política hacia una suerte de pacto político no escrito que limitó las posibilidades de sectores alternativos.
La Constitución de 1991 amplió el espacio político de representación, lo que permitió que partidos y movimientos de izquierda llegaran al Congreso de la República y a gobiernos locales, y se rompiera la tradición de un exclusivo bipartidismo que si bien trajo paz política luego de la violencia de mitad del siglo XX, también acentuó la desigualdad política.
En los finales de los 80, y en la antesala de la Constituyente, tres candidatos de izquierda fueron asesinados (Pizarro, Pardo, Jaramillo), y un partido proveniente del primer acuerdo de paz con las FARC en el gobierno de Belisario Betancur fue exterminado, en una combinación de élites locales, narcotraficantes, paramilitares y agentes del Estado. Hay suficiente evidencia judicial sobre esto, en un contexto donde la doctrina de un sector del Partido Comunista sobre la combinación de las formas de lucha contribuyó a que la forma de enfrentar a la izquierda democrática fuera a sangre y fuego. La masacre de Segovia en 1988, donde la justicia encontró como determinador al dirigente liberal Cesar Pérez García como respuesta al avance de la Unión Patriótica en el nordeste antioqueño, es solo un ejemplo de lo difícil que era hacer política desde la izquierda, sin garantías y con un estigma de estar haciendo el trabajo político a quienes seguían en armas.
Primero fue Carlos Gaviria quien mostró el camino para que la izquierda llegara al poder, en una primera alianza que se concretó en una coalición de partidos y movimientos de izquierda, el llamado Polo Democrático Alternativo. En 2010, Petro lanza su primera candidatura a la presidencia, repite en 2018 y, finalmente, lo logra en 2022, de la mano de todos los sectores de izquierda, pero también de otros sectores de una suerte de frente amplio que decidieron acompañarlo –algunos con desgano– no solo por la necesidad de apoyar una alternancia democrática sino también por las malas cartas que tuvo la derecha, tanto en primera vuelta –Federico Gutiérrez– como en segunda, el artificioso candidato Rodolfo Hernández, un fenómeno de la antipolítica cuya puesta en escena fue la de la no ser candidato en segunda vuelta, lo que sin duda facilitó el triunfo de Petro, con el trasfondo de un estallido social, cansancio con el liderazgo de las élites tradicionales y un gobierno insustancial como el de Iván Duque, coletazo tardío del uribismo al acuerdo de paz con las FARC.
Pero fue también con Gustavo Petro que la izquierda entendió que gobernar es más serio y exigente de lo que parece, que el tránsito del activismo a la burocracia gubernamental es más complejo de lo que se ve, que las expectativas de cambio no pueden enredarse en retórica ni en excusas sobre la resistencia –previsible– del establecimiento político y económico para llevarlas a cabo; que para transformar una sociedad desde el Estado se necesita algo más que voluntad política, se necesita conocer en profundidad los vericuetos istrativos de la istración pública; que es necesario traer cuadros competentes y no solo a los incondicionales al proyecto; que es preciso entender la dimensión institucional del cambio. El presidente ha dicho “fallé al creer que podía hacer una revolución gobernando”, una declaración que puede interpretarse como el reconocimiento del fracaso del primer gobierno de izquierda para realizar profundos cambios sociales.
La izquierda debe reflexionar sobre cómo fue su llegada al poder del Estado que tanto cuestionó desde la oposición, en hacer una profunda autocrítica sobre sus limitaciones como gobierno, pensar en renovar la agenda, apostarle también al poder local (gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas, donde se puede hacer una buena escuela), a formar escuelas de liderazgo y centros de pensamiento que ayuden a entender mejor la cosa pública, a modernizar al discurso, a convencer más allá de ese 30 % inamovible, a transformarse en una fuerza política decisiva que no frustre las expectativas de cambio de millones de personas que se sienten representadas políticamente pero también con la impresión de que le quedaron debiendo.
El establecimiento se encargará de magnificar los problemas de eficacia gubernamental y de corrupción –que claramente han sucedido– para hacer ver que se les dio la oportunidad y la desperdiciaron. La izquierda no se puede quedar solo en la defensa del incierto legado de este gobierno, el cual se ve más en el plano discursivo y de reconfiguración de la agenda como país, que en la materialización de los cambios sociales que prometió.
